Denuncian que el gobierno regional de Apurímac tiene 24 ventiladores abandonados en su almacén

Todos los días mueren alrededor de 200 personas por COVID-19 en el Perú. La mayoría, por falta de acceso a ventiladores mecánicos. Sin embargo, el Gobierno tiene 24 de estos respiradores empolvándose en un almacén de Punta Hermosa, según “Punto Final”.

Según un reportaje del programa periodístico, se trata de cuatro ventiladores mecánicos de transporte, 17 ventiladores volumétricos para adultos, y 3 ventiladores mecánicos de tipo neonatal. Todos le pertenecen al Gobierno Regional de Apurímac.

¿Por qué no los usan, entonces? Punto Final explicó que todo se relaciona con una controversia alrededor del hospital de Andahuaylas, obra que el presidente Martín Vizcarra se comprometió a culminar el año pasado, pero que aún muestra un avance de 50%, pese a haberse desembolsado el 100% de su presupuesto.

El problema tiene que ver con la ejecución del contrato, y tiene en litigio al Consorcio Andahuaylas y al Gobierno Regional de Apurímac.

Según Raúl Barrio, representante del consorcio, el contrato se resolvió por falta de pago del gobierno apurimeño, lo cual impidió el equipamiento del centro médico. Para el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarrón, estos son pretextos.

Lo cierto es que los ventiladores están comprados, y según la compañía, estos no forman parte del problema con la administración apurimeña.

“Los equipos están pagados por el GORE de Apurímac. Yo no los puedo tener, esa es la parte que no entiendo. Si se tuvieran que pagar los equipos… Pero ya fueron pagados, están cancelados”, indicó Barrio al programa periodístico.

“El equipamiento médico está pagado por el GORE, pero tenemos el juicio por el examen especial de Contraloría, que está en litigios judiciales”, anotó, por su parte, Lantarrón.

Barrio reveló que el 13 de abril enviaron una carta al ministro de Salud, entonces a cargo de Víctor Zamora, en donde se le explicaba que no había impedimento alguno para utilizar los equipos médicos.

“Enviamos una carta al ministro Zamora y le hicimos una explicación legal sobre la situación de los respiradores, que no había ningún problema, que nosotros los entregábamos, y firmábamos el documento que hubiera que firmar para que tuviera los respiradores. Nunca obtuvimos respuesta”, indicó.

Meses atrás, el Ejecutivo publicó un decreto de urgencia que permite usar los equipos médicos de obras en construcción. No obstante, el Gobierno afirma que este mecanismo legal no aplica en este caso por las controversias con el consorcio.