Frente Amplio presenta proyecto de ley que plantea muerte civil para funcionarios corruptos
El proyecto de ley modifica el artículo 38 del Código Penal, incorporando la inhabilitación perpetua o muerte civil cuando la infracción recaiga sobre la adquisición o prestación de bienes y servicios para la atención y prevención de la salud.
El vocero de la bancada del Frente Amplio (FA), Lenin Checco, y el congresista Lenin Bazán presentaron un proyecto de ley que establece la muerte civil para las autoridades y funcionarios que cometan actos de corruptos y que implica el incremento de penas para los delitos de corrupción que se cometan durante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus.
El proyecto de ley modifica el artículo 38 del Código Penal, incorporando la inhabilitación perpetua o muerte civil cuando la infracción recaiga sobre la adquisición o prestación de bienes y servicios para la atención y prevención de la salud, entre las que se encuentra la salud ambiental.
«En las últimas semanas se ha incrementado los actos de corrupción de autoridades y funcionarios, como el caso de compras irregulares de mascarillas, respiradores, y ambulancias. El Frente Amplio asume la responsabilidad de luchar frontalmente contra la corrupción, no podemos permitir que los que roban vuelvan a trabajar para el Estado», señaló Checo.
La propuesta de ley modifica, además, los artículos 195, 384, 387, 389, 392 y 399 que están referidos a la tipificación de los delitos de receptación agravada, colusión simple y agravada, peculado doloso y culposo, malversación de fondos, extensión del tipo de peculado y negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo. Asimismo, añade el agravante, cuando el agente actúa como integrante de una organización criminal o cuando la conducta recae sobre programas con fines asistenciales, de apoyo o inclusión social o de desarrollo.
Igualmente, adiciona como agravante los delitos cometidos en contra del Estado que vulneren el objetivo de los servicios o atenciones que se presenten en situaciones de emergencia sanitaria o ambiental, declaradas por la autoridad competente.
El incremento de las penas oscila entre los 4 y 20 años de pena privativa de libertad, dependiendo de los delitos cometidos y las circunstancias en que se cometieron, pudiendo inclusive, alcanzar las sanciones a las personas o representantes legales de los comprometidos.
